Los arquitectos dudan que sea viable extender la reserva de suelo para VPO
diariodecadiz.com - I. Carretero 8/3/2006
Sevilla. La modificación de la Ley de Medidas de Vivienda Protegida y Suelo, aprobada en noviembre pasado, volvió a provocar ayer las críticas de representantes del sector afectado por la controvertida norma, dentro de una ronda de comparecencias en el Parlamento andaluz que se produce en paralelo a los cambios que la Consejería de Obras Públicas está introduciendo en el desarrollo reglamentario de la Ley en materia de transmisiones de VPO, también como respuesta al rechazo contundente de los afectados.
Ayer fueron representantes de los colegios de arquitectos, de los de secretarios, interventores y tesoreros de la administración local, así como la organización conservacionista Ecologistas en Acción quienes dejaron constar en el diario de sesiones sus discrepancias. Las más contundentes, las de los arquitectos, que consideran que la reforma de la Ley difícilmente podrá ser llevada a la práctica.
La proposición de ley del PSOE matiza la obligación de que todos los suelos residenciales tengan una reserva del 30 por ciento, ya que incluye la excepción para las promociones con una densidad inferior a 15 viviendas por hectárea. En este caso, deberá haber compensaciones en otros puntos autorizadas por los planes generales de ordenación urbana y el Consejo Consultivo de Andalucía.
Para Antonio Pérez Andrés, representante del Consejo de Colegios de Arquitectos, estas condiciones son de difícil cumplimiento en municipios pequeños o en otros cuyo suelo urbanizable está agotado, máxime sí se cumplen las expectativas que el técnico expuso ante los miembros de la Comisión de Infraestructuras: que "llegue" el fin de la actual fase expansiva de la construcción.
Tal planteamiento coincide en la postura que el PP ha defendido hasta la fecha sobre la Ley. Los populares rechazan que la Junta extienda a todos los municipios la obligación de reserva del 30 por ciento de suelo para VPO, que ya establecía para las ciudades la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), en vigor desde 2002. Para el PP, éste no puede ser un criterio homogéneo y ha de depender de las necesidades y posibilidades de los municipios.
Los arquitectos, además, consideraron "demasiado rígido" eximir de la cesión de suelo para viviendas protegidas sólo a las promociones de menos de 15 unidades, según las explicaciones de Antonio Pérez, quien tampoco vio oportuno que se exija un informe favorable del Consejo Consultivo de Andalucía. Sí apoyó otra de las patas de la reforma de la ley promovida por el PSOE, que plantea que el informe de la Consejería de Turismo y Comercio previo a la autorización de una gran superficie comercial no sea vinculante: "En caso contrario, atentaría contra la autonomía municipal", sostuvo el arquitecto.
En una sesión en la que tres de los siete convocados no asistieron, también se escuchó la voz de Ecologistas en Acción. Su representante, Juan Cuesta, criticó la reforma planteada por los socialistas porque "obedece a los intereses de los promotores inmobiliarios". A su juicio, atenta contra "el propio espíritu de la ley".
El Consejo de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local y la Federación Andaluza de Empresas Gestoras de Cooperativas y Proyectos Inmobiliarios dejaron constancia en el Parlamento de su preocupación por la inseguridad jurídica de las reformas legales en marcha.
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